Estimado Sr. Rajoy,

Las organizaciones abajo firmantes desarrollamos desde hace décadas una labor social en apoyo de las personas empobrecidas y excluidas a quienes nos une un trabajo y objetivos comunes que venimos desarrollando durante décadas. Una labor que cuenta con un importante respaldo de la ciudadanía española.

Consideramos que en contextos de crisis económica como el actual es prioritario mantener políticas públicas para la inclusión social, que aborden cuestiones tales como la red de protección social, las pensiones, las garantías de rentas, la educación, la sanidad, la política familiar, la integración de personas migrantes, la cooperación internacional al desarrollo o la lucha contra el desempleo, propias de una sociedad basada en la solidaridad, la justicia y la cohesión social.

Somos plenamente conscientes de las dificultades actuales y de la necesidad de reducir el déficit público, pero también de que las opciones políticas para afrontar esta situación son diversas. En este sentido:

• Ponemos de manifiesto que  los posibles recortes presupuestarios -adicionales a los ya realizados- en el conjunto de políticas de inclusión de los colectivos más vulnerables en nuestro país y en la Ayuda al Desarrollo serían profundamente injustos, ya que el ajuste recaería de nuevo sobre las personas más vulnerables.
• Además, los recortes sociales serían ineficaces porque multiplican las situaciones de pobreza y exclusión, agravan significativamente el desequilibrio social y, fruto de lo anterior, obligan a medio plazo a multiplicar los esfuerzos de atención sobre colectivos excluidos en círculo negativo e ineficiente.

El amplio y diverso tejido de organizaciones españolas comparte un objetivo común  que nos une: el combate a la pobreza y la exclusión tanto en España como en los países empobrecidos. La crisis es global y sus consecuencias también, lo que ocurre en lugar el mundo tiene consecuencias en el resto del planeta por eso ahora más que nunca nuestro trabajo conjunto es necesario.

Las ONG asumimos nuestra parte de responsabilidad en esta enorme tarea que es el fomento de la equidad y la defensa de los Derechos humanos; una responsabilidad, que emana del mandato que hemos recibido de la sociedad española a través de los numerosos ciudadanos y ciudadanas que apoyan nuestro trabajo. Ahora bien,  la superación de la pobreza y la exclusión no es solamente responsabilidad de las organizaciones sociales la lucha contra la pobreza es una política pública que debe ser garantizada, por el Gobierno y los distintos niveles de la Administración del Estado. Su involucración en este sentido es esencial.

La apuesta por los servicios públicos que garanticen las necesidades básicas de las personas y su bienestar no es un lujo en tiempo de bonanza sino una responsabilidad ética y política.  Por eso, pedimos que se garantice presupuestariamente la continuidad de las políticas sociales y de desarrollo, así como el pago de los actuales compromisos que las Administraciones Públicas tienen adquiridos con las ONG y, consecuentemente, con las personas más vulnerables.