Algunas comunidades han empezado a recortar la ayuda a países pobres para afrontar gastos de la pandemia
Fuente: Público. Santiago F. Reviejo @srevie
Las organizaciones de la cooperación al desarrollo temen un efecto más brusco de la reducción de subvenciones que el que produjo la crisis económica de 2008
El gasto extraordinario que está generando la lucha contra la pandemia y los efectos económicos y sociales del confinamiento ya tiene su primera víctima en algunas comunidades autónomas donde han empezado a reducir los fondos asignados a la cooperación al desarrollo de los países pobres para destinarlos este año a contrarrestar las consecuencias de la covid-19 en sus territorios. Andalucía, Cantabria, Extremadura y Galicia son las primeras en haber tomado algún tipo de medida de recorte de estas ayudas, según las coordinadoras de ONG de Desarrollo, mientras que, por el contrario, Navarra, Cataluña o Aragón las han incrementado.
La primera voz de alarma ha saltado en Andalucía. La Coordinadora Andaluza, integrada por 64 ONGD con más de 350.000 socios y 2.000 empleados en proyectos en 25 países prioritarios, se llevó las manos a la cabeza cuando la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), María Luz Ortega, les comunicó a principios de este mes que tenían que hacer ajustes presupuestarios debido a los efectos de la pandemia. Esos ajustes, según las estimaciones de la Coordinadora, supondrán un recorte del 60% del presupuesto de este año de la Agencia de la Junta de Andalucía, porque se suprime la convocatoria de las subvenciones a los programas de desarrollo de las universidades y de los organismos multilaterales (Unicef, Acnur), y se reduce más de un tercio las ayudas a las ONGD andaluzas.
«Esto supone un impacto brutal en las organizaciones que venimos de salir con mucho esfuerzo de la crisis económica de 2008 que dejó en la calle a la mitad de nuestro personal. Se pone de nuevo en serio peligro al tejido asociativo andaluz que trabaja en la cooperación al desarrollo», advierte el presidente de la Coordinadora, Héctor Rivero, quien ha solicitado una reunión con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta para abordar el tema de forma inminente.
Esta misma semana, representantes del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional (FAMSI), UGT, CCOO, los trabajadores de las oficinas de cooperación de las universidades andaluzas, de las agencias Unicef, Acnur, Unrwa, y de la Coordinadora Andaluza de ONGD mantuvieron un encuentro en el que mostraron su «profunda preocupación por la situación de la política de cooperación internacional de la Junta de Andalucía» y acordaron «coordinar acciones futuras» para defender estos programas de ayuda a los países pobres, que, en medio de una pandemia, pueden ver agravadas aún más sus carencias sanitarias y sociales.
Manuel Redaño, gerente de FAMSI, fondo en el que participan 6 diputaciones y más de un centenar de ayuntamientos andaluces, considera que la atención a los graves problemas que ha generado en España la covid-19 se puede conjugar con el mantenimiento de la ayuda al desarrollo de los países pobres. «No se trata de enfrentar a pobres con pobres. Un país que pide a la UE que sea solidaria con sus necesidades también debe ser solidario con otros países que se encuentran en una situación peor. Hay que tener visión de futuro, porque, además, si la pandemia no la conseguimos parar entre todos, volverá. Nuestros gobernantes deben ser inteligentes y no tener una mirada en corto. Deben tener perspectiva», reflexiona Redaño.
La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales ha asegurado a Público que el Gobierno andaluz «está adaptando el presupuesto para poder dar respuesta a la situación de pandemia, ajustar la ejecución dada la suspensión de plazos administrativos y conseguir que los recursos sean los más eficientes posibles». Y aunque subraya que «bajo ningún concepto» esas modificaciones presupuestarias pueden afectar a «lo ya concedido» y que actualmente hay en ejecución 407 intervenciones, no aclara qué sucederá con las nuevas ayudas.
Sin embargo, en un expediente de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía firmado el pasado 4 de mayo, y al que ha tenido acceso este periódico, se propone al Consejo de Gobierno de la Junta una modificación presupuestaria que detrae 12,3 millones de euros de la Agencia de Cooperación para destinarlos a diferentes programas de atención y emergencia social en Andalucía.
Y la misma Agencia informa en su página web que, «debido a la coyuntura actual, en 2020 no se lanzará la convocatoria específica para las universidades», a pesar de que reconoce que la pandemia ha puesto de manifiesto «la importancia» de la investigación y formación al servicio del desarrollo humano y sostenible que llevan a cabo esas instituciones en el marco de la Agenda 2030.
En Andalucía se ha dado la voz de alarma, pero los recortes a la cooperación al desarrollo también han empezado en otras comunidades autónomas, según la Coordinadora estatal de ONGD, que representa a 17 coordinadoras autonómicas y 450 organizaciones con 8.000 empleados que trabajan en 115 países, 21.000 voluntarios y 2,5 millones de socios.
Cantabria ha reducido en cerca de un millón de euros las subvenciones, Extremadura prevé un tajo de unos seis millones y Galicia ha incluido la cooperación en los ajustes presupuestarios que va a llevar a cabo para hacer frente a los efectos de la pandemia, señala Andrés Rodríguez Amayuelas, presidente de la Coordinadora.
Alerta en todo el sector
Ante estos primeros coletazos, todo el sector se ha puesto alerta y ha empezado a mantener reuniones con las administraciones públicas, comunidades y ayuntamientos fundamentalmente, que financian la cooperación al desarrollo para conocer sus intenciones y el alcance de la ola de recortes que podrían provocar los estragos económicos que está causando en España la covid-19. A juicio de Amayuelas, los efectos de esta crisis económica pueden ser mucho más bruscos que la anterior de 2008, más inmediatos y no tan dilatados en el tiempo como ocurrió con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
Las organizaciones que trabajan en el desarrollo de los países más pobres entienden que una reducción de las ayudas públicas sería ahora completamente contraproducente. Aunque sea desde un punto de vista egoísta, según Amayuelas, mantener la inversión en estos programas contribuye a impedir que se multipliquen los riesgos de propagación del virus, como se vio con el ébola en África. «Los virus no entienden de fronteras», advierte.
La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ya ha pedido a España que no reduzca las ayudas a la cooperación con el desarrollo, tras recordarle que la crisis económica de 2008 supuso un «recorte en 10 años del 75%» de los fondos que nuestro país destinaba a la cooperación internacional. Si estos recortes volvieran a producirse, «la cooperación internacional podría quedar herida de gravedad y muchos proyectos imprescindibles para cumplir con la Agenda 2030 se quedarían por el camino», subrayó su secretario general, Mario Jabonero, durante la presentación de una campaña #IberoamericaResiste.
Comunidades que suben el presupuesto en plena pandemia
En el otro lado de la balanza se encuentran las comunidades que, en vez de reducir, han aumentado sus presupuestos destinados a la cooperación, incluso en pleno estado de alarma. Es el caso de Navarra, cuyo gobierno aprobó el pasado 6 de mayo una partida de 17,3 millones de euros hasta 2022, que supone que los fondos que asigna a la ayuda al desarrollo suben del 0,28 al 0,38% del presupuesto total de la comunidad. «El Gobierno ha querido priorizar la tramitación de estas subvenciones para poder dar respuesta al impacto de la pandemia del covid-19 también en los países más desfavorecidos del planeta», señalaba el Ejecutivo navarro en un comunicado.
También el de Aragón aprobó el pasado mes de abril un incremento de cerca de tres millones en su presupuesto para la cooperación internacional, que alcanza la cifra de 5,5 millones con esa subida. Y el Gobierno catalán preveía en sus presupuestos de este año un aumento del 62% de las partidas destinadas al desarrollo de los países pobres, que pasan de 32,1 a 52,8 millones, el mayor crecimiento de su historia en esta comunidad, según su conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Alfred Bosch. Esa cantidad supone que la Generalitat sube del 0,13 al 0,20% el porcentaje de sus cuentas que destina a cooperación.
Ese 0,20% era también el porcentaje previsto en el III Plan Andaluz para la Cooperación y el Desarrollo (2020-2023) aprobado el pasado mes de diciembre, sin embargo, la Coordinadora regional de ONGD tuvo que salir a denunciar en enero que en los presupuestos de la Junta de este año apenas se había asignado el 0,11% a la ayuda al desarrollo de los países pobres, por debajo incluso del 0,14 que tenía en 2018. El compromiso de inversión establecido en ese plan y que el propio Gobierno andaluz presumiese de haber sacado adelante los presupuestos más boyantes de su historia no casan para nada, a juicio de las organizaciones del sector, con la decisión de ajustar ahora las partidas destinadas a la cooperación.
El presidente de la Coordinadora Andaluza recuerda que las políticas de cooperación de Andalucía han sido un referente en España y en otros países, tanto que siempre ha estado entre las tres comunidades con mayor gasto en ayuda al desarrollo y que fue la primera que aprobó un Estatuto de Autonomía en el que se reconoce el valor de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados. Sin embargo, el acuerdo firmado en enero de 2019 entre PP y Vox, el que permitió que Juan Manuel Moreno Bonilla fuese elegido presidente de la Junta en coalición con Ciudadanos, establece en su último punto que el Gobierno andaluz debe «trabajar para que en el marco de las ayudas a la cooperación internacional al desarrollo se den los pasos decididos hacia una gestión nacional de estos recursos».
Héctor Rivero, aunque no relaciona de ningún modo las últimas decisiones del Gobierno andaluz con ese acuerdo, subraya que el acuerdo existe y pone lo que pone. De momento, Vox no ha puesto el foco, al menos públicamente, en la cooperación al desarrollo, y se ha centrado más en atacar las medidas de igualdad y contra la violencia de género y la atención a los menores extranjeros no acompañados.
A nivel estatal, la Coordinadora de ONGD no tiene conocimiento de ningún ajuste y está a la espera de lo que se acuerde en el proyecto de presupuestos del Gobierno central para el próximo año, en el que se preveía que la cooperación al desarrollo llegaría al 0,5%. No obstante, según Amayuelas, ya han solicitado al ejecutivo que tome alguna medida de apoyo al sector y le conceda recursos adicionales como a otros colectivos para abordar los efectos de la pandemia
