Análisis
Se cumplen dos años de la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo, una oportunidad para hacer balance, para que España cumpla con ella y demuestre que, en medio de un contexto mundial de grave recorte de derechos, es posible (y urgente) comprometerse de forma firme con la defensa de los derechos humanos, la protección del planeta y la paz.
Desde que fue aprobada, se ha avanzado en su desarrollo normativo, pero aún quedan muchos retos por delante, especialmente en relación a los fondos. Con un exiguo 0,24% de la Renta Nacional Bruta, aún están muy lejos del 0,7% que debe alcanzarse antes de 20230, tal como establece la Ley.
Si España alcanzara el 0,7% y destinara el 10% comprometido por Ley a la acción humanitaria, se multiplicarían por cinco las personas a las que se ofrece apoyo en este momento. Eso supondría pasar de un millón de personas a casi cinco que, recibirían una asistencia que ahora no están recibiendo.
Sevilla acoge a finales de junio la IV Conferencia Internacional de Financiación al Desarrollo; ser anfitrión de un acto tan relevante no se entiende sin un compromiso real que garantice los compromisos financieros con la cooperación.
Si se mide la diferencia entre el compromiso de España con los países empobrecidos y la contribución real, solo en lo que va de 2000 a 2023, la deuda asciende a unos 125 mil millones de euros.
No solo un compromiso político, además una deuda histórica
Además del compromiso asumido, tanto en instancias internacionales como en la propia Ley, La Coordinadora recuerda que España, como Estado, tiene una deuda histórica con los países empobrecidos que se incrementa cada día. Si se mide la diferencia entre su compromiso y la contribución real, solo en lo que va de 2000 a 2023, la cifra asciende a unos 125 mil millones de euros. Una cantidad que podría haber contribuido a garantizar los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo y a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2030, reforzando la credibilidad de España. Existe una deuda que debe saldarse y, en ningún caso, puede aumentar.
Instituciones y actores
La Ley destaca a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) como una pieza central para garantizar una cooperación que esté a la altura de los enormes retos actuales. Sin embargo, aún arrastra la profunda reducción de recursos que sufrió la década pasada y que han derivado en una situación de debilidad preocupante. Para cumplir con el rol que le otorga la Ley, necesita incrementar de forma importante su presupuesto: de los 600 millones de euros de los últimos dos años, debería pasar a los 1.500, en 2025, y a unos 4.000, en 2030.
Por otra parte, La Coordinadora recuerda que la cooperación no es solo una responsabilidad del Gobierno estatal. La cooperación descentralizada, la que se realiza desde comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otros entes locales y seña de identidad de la cooperación española, también debe crecer de forma equivalente. En cambio está sufriendo recortes muy importantes en algunos territorios; unos recortes que ya están afectando a proyectos de desarrollo que venían mejorando la vida de miles de personas y ahora quedan paralizados. La media de inversión autonómica en cooperación es solo del 0,12% de sus presupuestos. Es esencial aumentar esa cifra de manera inmediata y alcanzar al menos el 0,3% para 2027; sería un buen hito y supondría un aporte de 400 millones de euros.
La cooperación no es un lujo, sino una inversión en un contexto mundial en el que se necesita más que nunca defender los derechos humanos, proteger el planeta y garantizar la paz.
La importancia de los enfoques
La Ley contempla, además, la necesidad de garantizar ciertos enfoques para dar respuesta efectiva a los desafíos de un contexto tan complejo como el actual. Establece que los tres pilares de esta política son la cooperación para el desarrollo, la acción humanitaria y la educación para la ciudadanía global (esa que crea conciencia crítica y explica que lo que ocurre en un lugar del mundo tiene que ver con lo que ocurre en nuestros barrios).
“Es necesario que los enfoques feministas, ecologista y de paz sean garantizados en las actuaciones, también en nuestra acción exterior. Solo así conseguiremos contribuir a construir un mundo en el que se garanticen los derechos humanos, la paz y la protección del planeta que habitamos. Nos jugamos mucho como humanidad, es el momento de decidir si avanzamos hacia ese modelo o pasamos impasibles ante una realidad tan compleja y dolorosa como la actual” -ha recordado Javier Ruiz-.
Sevilla acoge a finales de junio la IV Conferencia Internacional de Financiación; los focos internacionales se posarán esos días en la capital andaluza, entonces tanto el Gobierno español como el andaluz tendrán la oportunidad de demostrar que los compromisos son mucho más que palabras y que, en la mayoría de las ocasiones, necesitan recursos y presupuestos coherentes que los garanticen.
La Coordinadora recuerda que la cooperación no es un lujo, sino una inversión en un contexto mundial en el que se necesita más que nunca defender los derechos humanos, proteger el planeta y garantizar la paz. Además, “reduce conflictos y contribuye a frenar las múltiples y graves crisis humanitarias que afectan a millones de personas en todo el mundo”. Como vienen recordando hace tiempo, han insistido en que “es hora de cooperar”.
