El camino no acaba aquí

Esta Ley marca una senda clara e inexcusable para que los fondos destinados a la cooperación alcancen el histórico -y nunca cumplido- 0,7% de nuestra Renta Nacional Bruta antes de 2030. Una meta que debe alcanzarse de manera gradual, planificada y constante. La Ley pone en el centro las necesidades reales de las personas con quienes cooperamos. Apuesta por un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos que deberá empapar las políticas públicas. Es una ley que no olvida el engranaje institucional que exige la cooperación: una estructura que deberá ser revisada para garantizar que esta política pública se ejecuta con eficacia, con un adecuado enfoque técnico y político -esto, entre otras cosas, obliga a un refuerzo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), profundamente debilitada en los últimos diez años-.

2023 será el año de articular las reformas que apunta la Ley: la reforma de la AECID y del actual Consejo de Cooperación, una revisión del Estatuto de las personas cooperantes que mejore sus condiciones de trabajo, una revisión de los requisitos burocráticos en las subvenciones con el fin de evitar procesos extremadamente complejos o un estatuto del nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES) que logre que la cooperación financiera sea sostenible, responsables y efectiva.

Un año de elecciones locales y autonómicas

La coherencia de los partidos políticos que han apoyado esta Ley debe ser garantizada en el ámbito autonómico y local. En un año de elecciones, deben demostrar ese compromiso en sus programas políticos, en los presupuestos y propuestas de los gobiernos que se constituyan. El apoyo casi unánime a esta Ley debe marcar la dirección a seguir. Como organizaciones de la sociedad civil, estaremos atentas y a disposición para que así sea.

 AOD, Ley de cooperación, Política de cooperación, Política pública de cooperación internacional para el desarrollo