Agosto 2017. En San Salvador. Del aeropuerto a una pacífica protesta en la que cientos de salvadoreños reclaman el derecho al agua potable. Se lo quieren privatizar, en un país de un estrés hídrico apabullante. Entre las convocantes está la ONG Provida, nada que ver en su objeto social con la española. Con su gente, certifico la brutal contaminación de ríos, el expolio de acuíferos y la sobreexplotación fruto de una gestión hídrica nefasta en un país cuyo territorio tiene poca capacidad de absorción de las cada vez más escasas lluvias, cuando no torrenciales. “El agua se defiende”. “No nos roben el agua”. Son los gritos de bienvenida.

Noviembre 2021. Las fuerzas de seguridad salvadoreñas entran en las oficinas de Provida. Se llevan sus ordenadores, documentos, intimidan a sus trabajadoras. Todo un allanamiento al que se le da cobertura mediática oficial con la falsa denuncia de que malversan fondos públicos que prácticamente no reciben, apenas un 10% de su escuálido presupuesto es salvadoreño.

Agosto 2018. En Cobán (Guatemala). Juzgan a un líder indígena, Bernardo Caal, acusado de secuestro, robo, incitación a disturbios. Es un defensor de los ríos Cahabón y Oxec frente a grandes hidroeléctricas. El juicio es un teatro de pruebas falsas, pero es condenado a siete años y cuatro meses.

Noviembre 2021. Bernardo, tras 20 meses, puede abrazar a sus hijas en la cárcel. Sus recursos judiciales han sido todos rechazados. No le queda sino acudir a la Corte Constitucional, ahora afín al Gobierno de Alejandro Giammattei que le mantiene preso, o a instancias internacionales de las que ese mismo Gobierno reniega, mientras limita la acción de cualquier organización que pueda alzar la voz.

Las ONG y los defensores de derechos humanos y ambientales en Centroamérica están en el ojo de un huracán que, vestido de democracia, oculta el creciente acoso y derribo de quienes se atreven a denunciar o reclamar a unos gobiernos crecientemente totalitarios. En Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala viven inmersos en una vorágine persecutoria que solo en Honduras podría girar después de que el pasado domingo 28 haya ganado las elecciones la izquierdista Xiomara Castro.

Únicamente en Nicaragua, desde 2018, más de 120.000 personas han sido desplazadas en el país, que tiene la población de la Comunidad de Madrid, 6,6 millones. Desde ese año, su Asamblea Nacional ha ilegalizado 34 ONG, incluido el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) e Intermón Oxfam. Las últimas seis, este verano pasado, bajo la excusa de que obstaculizaban el control de una financiación que, por otro lado, les llegaba de fuera.

Las ONG y los y las defensoras de derechos humanos y ambientales en Nicaragua, Honduras, El Salvador o Guatemala viven inmersos en una vorágine persecutoria

Es más, desde octubre de 2020 hay una Ley de Agentes Extranjeros que bloquea las donaciones y el financiamiento de organizaciones civiles, bajo la excusa de salvaguardar la seguridad nacional. En Nicaragua hoy es difícil dar apoyo al más de medio millón de personas con el que las organizaciones trabajaban en proyectos de desarrollo y de defensa de unos derechos cada día más invisibles. “Todo ello genera mucha frustración y dolor, únicamente surge esperanza cuando nuestros presos políticos, tan maltratados, nos dicen desde la cárcel que resistamos”, señalaba en un reciente encuentro virtual la representante de una organización de este país.

Sus palabras no eran muy distintas a las que llegaban desde Guatemala. Allí, insistían desde Udefegua, el poder político está coptado por el poder económico. Si en 2015, cuando existía una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIT) puesta en marcha con la ONU para acabar con la corrupción, hubo 441 agresiones a defensores de derechos, en 2020 ― después de que en 2019 la CIGIT fuera expulsada― subieron a 1.055, pese a ser el año del confinamiento.

A las agresiones a personas defensoras en particular, se suma el acoso oficial: en mayo de este mismo año, se aprobaba la Ley de las ONG, que supuestamente es para fiscalizar sus fondos, pero que busca perseguir e ilegalizar a todas aquellas que el Gobierno estime que vulneran el orden público. Un ataque a la defensa de derechos humanos que ha sido calificado de “discrecional y arbitrario” por la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. En la Guatemala de hoy, convocar una manifestación o una rueda de prensa puede ser considerado un desorden, como bien sabe el líder indígena Bernardo Caal, que lleva tres años en prisión por la defensa del río Cahabón frente a grandes hidroeléctricas. Caal fue criminalizado por un poder judicial cuya fiscal general actual también ha dictado orden de captura contra un ex fiscal anticorrupción.

En la Guatemala de hoy, convocar una manifestación o una rueda de prensa puede ser considerado un desorden

Igualmente desolador es el escenario en El Salvador. Los últimos allanamientos en las sedes de varias ONG de izquierdas, entre ellas Provida, con la que trabaja en España Alianza Action Aid, son buena muestra de ello.

Como en Nicaragua, el presidente Nayib Bukele trata de amordazarlas y promueve ahora la aprobación de una Ley de Agentes Extranjeros similar a la de su vecino Daniel Ortega. Según esta propuesta, todas las ONG que reciban fondos del extranjero –en el interior prácticamente no consiguen nada– deben registrarse y pagar un impuesto del 40% de lo recibido. Además, les prohíbe participar en “actividades políticas” bajo la excusa de proteger al país de injerencias. “Lo que quieren es deslegitimizar nuestro trabajo, cuando consiste en hacer lo que no hace el Estado, pretenden que la sociedad nos vea como enemigos internos, y quienes lo pagarán son la población abandonada y empobrecida”, denunciaba Samuel Ventura, del Foro del Agua. “¿Quién va a pagar ese impuesto por venir a ayudar en El Salvador, con el riesgo de ser criminalizado o multado con 30.00 dólares si convoca una movilización?”, insiste.

En este mismo sentido, Karen Ramírez, de Provida, asegura que “se está amedrentando a la población con la que trabajamos en zonas del conflicto, acusándonos de ocultar información, una persecución a las organizaciones de izquierdas para acabar con la voz de los territorios, a la vez que nos ponen en riesgo personal al difundir estos mensajes. ¿Es delito reclamar un derecho cuándo el Estado reduce el presupuesto social y encima quiere decomisar el 40% del dinero de todos los proyectos?“, se pregunta.

Desde Costa Rica, el hondureño Candelario Reyes García recuerda los 39 asesinatos de defensores de derechos humanos y del territorio en 2021 en su país. “Honduras expulsa a su gente. Hasta 510 personas salen hacia Guatemala cada día por la terminal de autobuses y de allí al norte andando”. Respecto a las ONG, hace tiempo que se denuncia cómo se acosa a todas las organizaciones de desarrollo por “incitar a la movilización ciudadana”. En realidad, la movilización más evidente es la de casi ese 9% de la población del país que ha tenido que dejar su tierra en caravanas de incierto destino.

Incluso en la propia Costa Rica, “la democracia no es como la pintan”, afirman los activistas, que ven crecer el poder de las transnacionales que extraen sus riquezas. Si bien las ONG allí lo tienen mejor, “hay un retroceso real en derechos humanos, sin que exista siquiera comunicación alguna con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene aquí su sede”, como recuerda Francisco Cordero, de la Asociación de Derechos Humanos costarricense.

Con todo este panorama, desde organizaciones como Alianza por la Solidaridad-Action Aid se echa en falta un mayor compromiso de las instituciones diplomáticas españolas, especialmente porque son ONG que, en muchos casos, se apoyan desde instituciones españolas. “Nuestros representantes deberían pedir explicaciones sobre este retroceso de los derechos humanos en países donde tiene influencia”, señala Almudena Moreno, de esta organización con décadas de experiencia en la región. Sin embargo, ante la criminalización de quienes los defienden, ya sea a nivel individual o a través de organizaciones, el Gobierno calla.

En el encuentro virtual mantenido hace pocos días, los activistas de Centroamérica recordaban que sin presión internacional, poco se podrá conseguir frente a esa deriva totalitaria que se contagia esa zona del planeta, cada vez más afectada, además, por el cambio climático y la explotación de los territorios. También reclamaban el apoyo para los defensores y defensoras amenazados que se juegan la vida tanto si se quedan como si salen de sus fronteras sin ayuda alguna. Los escasos programas de acogida que existen en España son insuficientes. Es más, algunos que funcionaron bien –como el que había con el Ayuntamiento de Madrid– son historia.

Centroamérica es hoy persecución y acoso, asesinatos y violencia, masivas huidas y retornos forzosos a la miseria. Este cortar las alas y cerrar las voces de quienes trabajan para paliar los daños, no nos pueden ser ajenos.