Hasta el momento, diez países han seguido los pasos de Estados Unidos y han retirado los fondos destinados a la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada (UNRWA): Canadá, Australia, Reino Unido, Italia, Suiza, Alemania, Francia, Países Bajos, Finlandia y Japón.

La decisión se toma por la supuesta implicación de algunos de sus empleados en el atentado cometido por Hamás el 7 de octubre. La ONU ha abierto una investigación que se centra en 12 personas de un total de 13.000 que trabajan en Gaza. “Cualquier empleado de la ONU implicado en actos de terror tendrá que rendir cuentas, incluso mediante acciones penales», ha declarado el secretario general de la ONU, António Guterres.

Esta retirada supone la suspensión de más del 60% de los fondos que recibe esta agencia. Tal recorte traerá gravísimas consecuencias sobre dos millones de personas que necesitan la ayuda humanitaria para garantizar su supervivencia. Los fondos con los que cuenta actualmente la UNRWA solo podrán cubrir las necesidades del mes de febrero.

António Guterres, secretario general de la ONU, ha pedido a los países que han retirado los fondos a la UNRWA que reconsideren sus decisiones con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones humanitarias, vitales en un contexto como el actual. Philippe Lazzarini, comisionado general de la UNRWA también ha sido claro: «Sería inmensamente irresponsable sancionar a una agencia y a toda una comunidad a la que sirve debido a acusaciones de actos criminales contra algunos individuos, especialmente en un momento de guerra, desplazamientos y crisis políticas en la región».

La situación en la franja de Gaza no tiene precedentes: más de dos millones de personas están atrapadas sin posibilidad de escapatoria. De estos, casi 1,5 millones tienen estatus de personas refugiadas de Palestina. Los bombardeos son constantes, el ataque a hospitales no cesa, el hambre se utiliza como arma de guerra, la entrada de ayuda humanitaria se bloquea… Y ahora, la agencia de la ONU que ofrece ayuda humanitaria y refugio en sus instalaciones a cientos de miles de personas ve cómo sus fondos -y, por tanto, su capacidad de actuación- son recortados. El castigo a la población civil palestina es inhumano; las consecuencias sobre sus vidas son gravísimas.

Criminalizar a una agencia que garantiza la supervivencia de la población civil en los territorios Palestinos ocupados y en los países donde tiene mandato (Líbano, Jordania y Siria) puede suponer, además, una grave desestabilización en la zona. No se puede criminalizar a millones de personas por la supuesta actuación de unas pocas.

Complicidad con una violación de derechos humanos sin precedentes

La pasada semana el Tribunal Internacional de Justicia fue muy claro en este sentido: su sentencia ordena a Israel a tomar medidas que garanticen la asistencia humanitaria a la población de Gaza. Esta sentencia no solo obliga a Israel a permitir el acceso de una ayuda que es crucial para salvar vidas, sino que, además, manda un mensaje muy claro a toda la comunidad internacional: retirar los fondos destinados a garantizar la supervivencia de más de dos millones de personas supone la complicidad con una violación gravísima de derechos humanos. Pedimos al Gobierno español que contribuya a que los países que han retirado sus fondos reconsideren su decisión.

Impedir que UNRWA continúe el trabajo que viene haciendo desde hace décadas supone un atentado directo a la vida de más de dos millones de personas en una situación desesperada y, además, socava las esperanzas de un futuro en el que la población refugiada de Palestina pueda ejercer su derecho al retorno, pueda disfrutar plenamente de sus derechos y vea garantizada una vida digna.