El Pacto Cántabro contra la Pobreza no parece tener muy buenas perspectivas, a pesar de que está a tres años del plazo fijado para el cumplimiento de las medidas que contiene. Así se desprende del informe elaborado por la Coordinadora Cántabra de ONGD sobre su grado de cumplimiento, o como reza la portada del documento de “incumplimiento”. Y es que en este acuerdo firmado por PP, PRC, PSOE, IU y la Alianza Cántabra contra la Pobreza en 2007, “hay puntos en los que el avance ha sido mínimo o nulo, puntos que se han implementado de manera diferente, desvirtuando lo pactado, y puntos en los que se está dando marcha atrás en su cumplimiento con la excusa de la crisis económica”.En los últimos días, la coordinadora, que se compromete a seguir trabajando por este proyecto, ha presentado el informe a los partidos con representación parlamentaria.Y en este informe, la coordinadora prevé un futuro tan poco halagüeño que a sus calificaciones –cumplida ó incumplida- le ha introducido una nueva variable, la perspectiva negativa, “indicativa de que el incumplimiento se está agravando”. Entre las amenazas detectadas: la continua disminución de recursos y la menor participación de la sociedad civil en los órganos que deberían desarrollar el pacto. El Pacto establecía que antes de 2015, Gobierno regional y ayuntamientos deberían destinar el 0,7% de sus presupuestos a políticas de cooperación al desarrollo. La Coordinadora señala que aunque aún hay plazo para cumplirlo, “la realidad es que estamos ante un escenario de, en la mayoría de los casos, disminución del porcentaje” destinado a estas políticas. Incluso se aprecia, dice, en menor medida, “una congelación” y prácticamente en ningún caso, un aumento. De los 102 municipios de la región, recoge el informe, únicamente 4 de ellos (Astillero, Santander, Torrelavega y Reinosa) han publicado una convocatoria de proyectos, todos con un monto menor; Camargo lo ha suprimido directamente de sus presupuestos; y los ocho que tenían convocatorias de forma habitual, aún no lo han hecho. En el caso del Gobierno regional los presupuestos regionales de 2012 preveían un 0,18% a cooperación al desarrollo, aunque a fecha de 9 de julio no se había hecho pública ninguna convocatoria de proyectos. El informe revisa las 21 medidas que contenía el pacto, 10 políticas y 11 de gestión, y concluye que siete se dan por cumplidas, y tres por cumplidas pero solo en parte o de forma insuficiente. Relata siete totalmente incumplidas, varias de ellas con una perspectiva de futuro negativa, y otras cuatro en las que el incumplimiento se debe a que se han desarrollado pero no de acuerdo con lo que recogía el Pacto.

Incumplimientos:

Entre los incumplimientos, la Coordinadora destaca que el pacto no se ha suscrito de forma local por los ayuntamientos, aunque algún municipio sí ha manifestado su apoyo con alguna declaración pública, “pero sin comprometerse a implementar medidas concretas”.Apunta que si bien sí se ha creado el Consejo Cántabro de Cooperación, éste no es paritario entre Gobierno y sociedad civil, como se establecía, ya que ésta última está “en clara inferioridad” y además no se ha reunido desde diciembre de 2009, cuando debería hacerlo semestralmente. Tampoco se ha creado la Comisión de Seguimiento que debía valorar las políticas derivadas del Pacto. En este ámbito, resaltan que la Fundación Fondo Cantabria Coopera se ha creado «con una política contraria a lo previsto», ha modificado sus estatutos en 2012 y ha expulsado del patronato a la sociedad civil, representada por dos ONG. Es «cada vez más opaco y sin ninguna voluntad de transparencia». Tampoco se ha creado la Agencia Cántabra de Cooperación. El freno a las iniciativas de comercio justo por parte del Gobierno y ayuntamientos en sus contrataciones, convenios de intervención anuales o un procedimiento de acción humanitaria que garantice recursos suficientes para situaciones de emergencia o vulnerabilidad, son otras de las cuestiones que se consideran incumplidas; y aunque la Coordinadora reconoce una voluntad política de una mayor y mejor evaluación de la cooperación, los pasos dados “son insuficientes e ineficaces por no ser realizada por personal suficientemente formado y con experiencia”.

Cumplidos:

pero entre los cumplimientos, el informe alude al respaldo al Pacto por el Parlamento, a la introducción de la perspectiva de género; a la creación de la comisión de seguimiento del pacto y a la canalización de recursos a las áreas geográficas más pobres, evitando vinculaciones diferentes a la satisfacción de las necesidades de las poblaciones empobrecidas. Y aunque reconoce el compromiso de transparencia, cree que hay que mejorar la coordinación entre política autonómica y municipal y echa de menos un criterio unificado y aplicado por todas las instituciones respecto a los principios del desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza. También admite que se ha impulsado la educación para el desarrollo en el sistema educativo, pero critica la falta de coherencia y unidad al enfoque didáctico.