PARA NACHO DIEGO Y RAJOY LA COOPERACIÓN VALE 0

Que le llegue el mensaje de que se están equivocando. Queremos denunciar que sacrificar la política de cooperación es condenar a millones de personas a la pobreza y el hambre. Denunciamos que ningún recorte anterior, ni en ningún otro país, ha sido tan severo como éste, una decisión que consideramos equivocada: ahora, más que nunca, es necesario poner el foco en las personas más desfavorecidas.

Queremos que la ciudadanía se haga oír. Que no sea testigo de cómo se desmantela una política pública de tanta base social como la de la lucha contra la pobreza sin hacer nada. Que reaccione. Queremos ayudar a construir una ciudadanía comprometida con los derechos sociales globales, unir a personas que viven situaciones distintas en países distintos pero que comparten una misma ansia de justicia y de futuro, para que hagan oír sus voces ante los decisores políticos y detengan lo que podría ser una catástrofe humanitaria de gran dimensión.

Quieren hacernos creer que no hay alternativas, pero las hay, lo sabemos y no callaremos

¿Qué medidas podría tomar el Gobierno para no desmantelar la cooperación internacional ni recortar en políticas sociales? ¿Se pueden obtener ingresos de otras partidas?

Por supuesto. Hay alternativas. Algunas medidas que permitirían que el Estados tuviese ingresos manteniendo políticas más equitativas:

• El 80% de las empresas del IBEX 35 tienen alguna sede en paraísos fiscales. Erradicar el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas ingresaría en las arcas públicas 44.000 millones de euros más al año.

• Eliminar las reducciones de impuestos de sucesiones ocurridos en los últimos 15 años significaría 2.552 millones anuales más para las arcas del Estado.

• Eliminar la reducción de impuestos de las empresas que facturan más de 150.000 millones al año (representan sólo el 0,12% de todas las empresas). Se conseguirían 5.300 millones más al año.

• El Gobierno español acaba de dar luz verde para poner en marcha una tasa sobre las transacciones financieras, después de años de reivindicación por parte de organizaciones de todo el mundo. El Gobierno no ha especificado todavía cómo invertirá los recursos recaudados con esta tasa (en España se podrían recaudar entre 5.000y 6.300 millones de euros).

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